La subjetividad antes que el sentido de Estado. Editorial El Mercurio.
ANÁLISIS / OPINIÓN
La semana también dio cuenta de otra contradicción del frenteamplismo, un sector que reivindica e idealiza al Estado en el discurso, pero debilita progresivamente a sus instituciones. No parece advertirse lo incompatible de aquello y es que tal vez la explicación no sea tanto ideológica como, de nuevo, generacional.
En efecto, la exaltación de la subjetividad, la idea de que las propias convicciones, sentimientos, fobias y filias han de ser el parámetro único de la acción política asoma como otro rasgo de quienes hoy conducen el Gobierno.
No puede entenderse de otro modo el manejo que se está haciendo, por ejemplo, de la cuestión palestino-israelí. Alterando una histórica política de Estado, el Presidente Boric ha decidido involucrar al país en el conflicto, promoviendo acciones ante la Corte Penal Internacional e interviniendo también en casos que se ventilan en la Corte de La Haya. Se trata de un giro que tendrá consecuencias para Chile, pero que se ha adoptado prescindiendo de las tradicionales instancias de consulta y análisis: Consejo de Política Exterior, comisiones de RR.EE., excancilleres, las que se han visto tan sorprendidas como la opinión pública. Más aún, de ser efectivas versiones de prensa, tampoco el aparato profesional de la Cancillería habría participado de estas decisiones, que tendrían su origen en el gabinete presidencial.
Es comprensible la preocupación del mandatario —por lo demás, ampliamente compartida en el mundo— ante la dramática situación de Gaza, pero la conducción del Estado demanda algo más que solo atender a los propios sentimientos, sin hacerse cargo de la complejidad de los hechos y sus raíces.
No debiera olvidar el Gobierno que una de sus peores crisis fue producto, precisamente, de anteponer los convencimientos personales por sobre el sentido de Estado, cuando hace un año el Presidente justificó los indultos a presos de la revuelta. Entonces sostuvo que no se trataba de delincuentes, pese al nutrido prontuario de algunos, y llegó a afirmar —siempre bajo el argumento de «tengo la convicción» — que en el juicio a un exfrentista, también beneficia-do, «hubo irregularidades».
Ni el conflicto que se abrió con el Poder Judicial ni el costo político que el episodio le ha traído desde entonces parecen haber sido verdaderamente aleccionadores para La Moneda.
